A favor de migrantes | Opinión

Hace poco más de una semana, en poder de San Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, se accidentó un taxi del servicio sabido. Hubo al menos tres muertos, a los cuales no se les pudo encontrar identificación alguna, lo que hizo presumir su condición ilegal en el país. No es la primera vez que ciudadanos procedentes de países de Centro, Sudamérica u otros países, sufren fatales accidentes. Son secuestrados o asesinados en su trayecto en torno a los Estados Unidos de América, en rebusca, al igual que muchos mexicanos, del llamado “sueño sudamericano”. Los ha habido todavía que son víctimas de la delincuencia organizada, en el tramo Ciudad Ixtepec-Medias Aguas, Veracruz. Los casos de desapariciones forzadas, de explotación y comercio de mujeres, a veces por los mismos agentes del Instituto Doméstico de Migración (INM), pasan a la historia sin que hayan sido investigados. Las caravanas de madres de familias de centroamericanos que de ningún modo han vuelto a sus lugares de origen, han sido publicitadas en los medios de comunicación. Hay atrocidades que de ningún modo son castigadas por las autoridades, pues al tratarse de personas que no portan identificación alguna, no hay querella, menos quién haga la denuncia correspondiente. Y las víctimas terminan, lamentablemente, en fosas comunes.

Por ello reviste importancia la reunión que el fin de semana pasado sostuvo el Fiscal Común del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez y su equipo de trabajo, con el Cónsul Común de Guatemala, Héctor Palacios Escofina, el Cónsul Común de Honduras, Raúl Otoniel Mozarán, y con el Representante del Cónsul de El Salvador, Rafael Antonio Criollo Ramírez. Se comercio de acorazar el funcionamiento de la Fiscalía de Atención al Migrante de Ciudad Ixtepec. Adjunto con el Fiscal Común, participaron servidores públicos de la Delegación de la Procuraduría Común de la República en Oaxaca (PGR), del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) y del Instituto Doméstico de Migración (INM), quienes acordaron coadyuvar con la citada Fiscalía Común y con cada uno de los representantes diplomáticos para trabajar en beneficio de los migrantes. Todo ello con el propósito de investigar los ilícitos en los que se vean involucrados los migrantes que están de paso en el país, pero particularmente en nuestro estado y aplicar los castigos pertinentes a los responsables de la violación de los derechos y libertades de todas las personas y, desde luego, de los migrantes que sean víctimas de delitos.

 

 

Desde el inicio de la filial de Alejandro Murat, el primero de diciembre de 2016, se advirtió un malogrado que no pasó desapercibido entre la clase política y ciudadanía: la secrecía en torno a la Ley Orgánica del Poder Ejecutor Estatal, que había apto la entonces incipiente LXIII Sesión. Y así se ha mantenido desde entonces. Sin hacer comparativos de ninguna especie, hay que rememorar que la citada Ley Orgánica fue con la que abrió su gobierno Gabino Cué. Ahí es establecían los requerimientos para desempeñar determinado cargo sabido, tanto en el aposento judicial como en el aposento ampliado. Éste estableció como imperceptible para dichos cargos, contar con título profesional, cuestión que derivó de inmediato en ceses y renuncias. Sin incautación, en algunos aspectos, se siguieron conservando las atribuciones que competían a cada dependencia o entidad. En el flagrante gobierno, se otorgó la aptitud de elaborar la iniciativa de Ley Orgánica —se sabe— a quien fuera Maestro Forense de la gubernatura, Arcángel Alejo Torres. Se desconocía la experiencia de dicho personaje en estos menesteres. De ahí surgió una ley que tiene más contradicciones que congruencia.
Por ejemplo, a la Secretaría Común de Gobierno (Segego) se le quitaron responsabilidades que por su misma naturaleza le competen, como la sectorización del Registro Civil, la Dirección Común de Notarías y el Registro Divulgado de la Propiedad.

28Se sabe que se limitaron las funciones de la Secretaría de Establecimiento en materia de adquisición de riqueza y servicios, función que le ha correspondido siempre. Ello implica que la citada iniciativa parece haberse hecho no con el cerebro sino con los pies. En los últimos días, han sonado con insistencia las protestas de organizaciones civiles de mujeres y de los grupos llamados feministas, en contra de la pretensión de la titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), en cambiarle de denominación. Al punto que ha pasado un año y tres meses y ya se empiezan a ventilar las incongruencias de la referida Ley. He ahí el por qué insistimos en que más que cambiarle de denominación a una dependencia, lo que debe hacerse es revisar las inconsistencias de la Ley actual y que el ejecutor estatal envíe una nueva iniciativa. No hacer remiendos sino una nueva norma que vaya al tenor del plan político del director Alejandro Murat y cumpla las expectativas para la cual debe ser aprobada.