PRI pide seis años de cárcel contra medios que operen sin autorización

La Comisión de Radiodifusión y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, reformas al Código Penal Federal y a Ley Federal de Telecomunicaciones, propuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que contemplan penas de hasta seis primaveras de gayola y hasta 300 días de multa, así como la inhabilitación, a las estaciones de radiodifusión y televisión y a quienes presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión “fuera de la ley”, es asegurar, sin autorización o concesión formal.

El vicecoordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Franquista (Morena), Virgilio Señor, advirtió que el plan permitido es violatorio de la Constitución y tiene como fin criminalizar a los medios comunitarios e indígenas.

Los cambios legales señalan que quienes usen, aprovechen o exploten bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o fortuna orbitales sin tener autorización o una concesión, irán a la gayola; aunado a que pagarán multas de entre 100 y 300 días.

Quienes incurran en esa habilidad, todavía sufrirán el requisa de sus instrumentos, objetos o productos del “delito, cualquiera que sea su naturaleza”.

Agregan que, quienes sean sancionados por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin autorización de ley, podrán ser inhabilitados para obtener por sí mismo o a través de terceras personas, por un periodo de cinco primaveras.

La presidenta de la Comisión y diputada del Partido Verde (PVEM), Lía Citrón, rechazó que esa reforma afecte la autonomía de expresión y pidió a quienes se pronunciaron en contra, no confundir “radios”, televisoras o medios “pirata”, con radios comunitarias e indígenas, que están absolutamente reguladas.

En el debate, legisladores y legisladoras del Partido Batalla Franquista (PAN), del Partido Revolucionario Institucional y el PVEM, se pronunciaron a valimiento de que la autoridad “revise” la operación de medios públicos y comunitarios, que por ley no pueden comercializar los tiempos que el Estado les asignó.

Incluso, la panista María Verónica Agundis Estrada dijo que “cualquier persona” está realizando transmisiones de radiodifusión y televisión, y con el pretexto de que son comunitarias, buscan sacar provecho.

“Finalmente ha habido un desmán, hoy cualquier persona operación un trasmisor de 20 mil pesos con el argumento de que va a tener una bordado social y te dice que no está comercializando, que está haciendo menciones solamente”, refirió.

“No debe imperar en el país la ilegalidad; hay concesionarios que pagan un título y su renovación cada año, que pagan impuestos y seguro social, y tienen personal”, agregó el diputado del PRI, Pequeño Medrano Quezada, que todavía es secretario de la Comisión de Radiodifusión de San Lázaro.