Privación prolongada de medicinas y de servicios de salud

Mensaje presentado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Los preocupantes retrocesos en el derecho a la lozanía durante los últimos abriles, que ha transformado en una emergencia humanitaria con graves y extensos daños a la población, por la escasez prolongada de medicinas y al extremo estado de precarización en el que se encuentra la infraestructura de servicios de lozanía por la acumulación de problemas estructurales no corregidos a lo dilatado del tiempo. Adicionalmente, una sistemática desinversión en el sector lozanía y drásticos cortaduras de consumición en divisas, la desestructuración de todo el sistema retrete y la atrevimiento de no permitir camino a la ayuda humanitaria internacional por parte del gobierno venezolana, conforman la moribundo situación del derecho a la lozanía en Venezuela.

Una síntesis de este cuadro, presente entre los abriles 2014 y 2017, se expone en un documentación presentado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Estructura de Estados Americannos (OEA), el cual fue cuidado por el Software Venezolano de Educación-Influencia en Derechos Humanos (Provea) y la Coalición de Organizaciones por el Derechos a la Vigor y a la Vida (CODEVIDA), de la cual forma parte Funcamama.

El objeto de este documentación es contribuir a la documentación solicitada para realizar un nuevo documentación sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el país.

A continuación, extractos del documentación:

1.-Vigor pública en emergencia

El sistema retrete manifiesto, que contaba con la longevo disponibilidad de servicios en el país y cuyos déficits de inequidad, desfinanciamiento y fragmentación no fueron resueltos en las últimas décadas, atraviesa un proceso de profunda desestructuración institucional y destrucción de su infraestructura en un contexto arduo por causas políticas y de fragilidad institucional y económica.

Las repercusiones: el aumento acelerado de la pobreza, el escasez, la interrupción de servicios básicos, las amenazas de desastres por degradación ambiental y la paralización de actividades productivas, aunado a altos índices de criminalidad y políticas de violencia de Estado con devastadores impactos en la lozanía colectiva e inminentes peligros para la vida y la integridad de miles de personas, en exclusivo las que viven en condiciones de lozanía crónicas, en extrema pobreza y las detenidas o privadas de osadía.

2.-Débito en inversión sanitaria

A consecuencia, de un sistema de políticas de monopolio en distintos planos de la vida económica y social del país, desde hace varias décadas el Estado venezolano usó los posibles públicos en importaciones que redujeron las inversiones en el sector lozanía y exacerbaron la dependencia externa del acumulación en materias primas, medicinas, insumos, equipos y repuestos para la industria farmacéutica y el sistema retrete manifiesto y privado, en más del 90%.

Y se dejó acumular enormes endeudamiento financieros del consumición manifiesto en lozanía, el menoscabo de la infraestructura sanitaria y de saneamiento, y la paralización de los programas de lozanía.

3.-Recortaduras sin previsión

En condiciones vulnerables, el sistema retrete fue impactado por la atrevimiento en 2014 de aplicar severos cortaduras de divisas para lozanía en más del 60% frente a la aguda encogimiento económica del país, sin las previsiones necesarias para resguardar a la población de estos impactos.

Desde 2016, el gobierno comenzó a dictar decretos de emergencia económica y estado de excepción de forma consecutiva que, en el caso de lozanía, se usaron para impulsar alianzas nacionales e internacionales con el fin de estimular la producción de medicinas y racionalizar las importaciones.

Sin retención, en la experiencia, las medidas sólo han servido para implementar un sistema centralizado de severo racionamiento, prevaleciendo una escasez común y prolongada de medicinas e insumos y el cerrojo o inhabilitación de la mayoría de los centros de lozanía públicos, lo cual ha generado una inhumana privatización del camino a las pocas medicinas y servicios de atención disponibles que la mayoría de la población no puede abonar.

La situación es más moribundo si se considera que más del 60% de las personas no cuenta con ningún seguro manifiesto o privado, la pobreza se ha generalizado y la población se encuentra sometida a condiciones precarias de desliz de alimentos, trabajo, transporte y hacienda en efectivo, imposibilitando movilizarse o admitir desde otras ciudades alguna ayuda.

4.-Escasez y desabastecimiento prolongado

Afecta a toda la población, en particular a unas 3 millones de personas de todas las edades en diversas condiciones de lozanía crónicas, quienes han pasado al menos un año sin camino a casi ningún tratamiento.

Circunspecto panorama que no ha sido reconocida por el Estado ni atendida a través de medidas urgentes, escogiendo en su defecto aplicar medidas de racionamiento a través del retiro subjetivo de medicinas e insumos de las listas de compras públicas y la reducción de cantidades sin criterios epidemiológicos, científicos ni médicos.

Es así como, mientras la industria, las farmacias, el personal de lozanía, los trabajadores del sistema retrete, las organizaciones de derechos humanos y las personas denuncian más de un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel franquista, el gobierno y las autoridades sanitarias sólo admiten un 15% de fallas, extrayendo sus cálculos de lo que desliz de sus propias listas de compras “priorizadas”.

Constituyen ejemplos de esta situación: 5.668 mujeres con cáncer de mama de todos los estratos sociales sin camino a quimioterapias y otros tratamientos esenciales, los cuales no ingresan desde hace varios meses al país.

De acuerdo con estadísticas a las que ONG como Senos Ayuda y Funcamama han tenido camino, a causa del aumento de nuevos casos de diagnosis tardío, la recurrencia del cáncer y la escasez de tratamientos ocurren al menos 6 fallecimientos diarios de mujeres con esta condición.

En similares circunstancias, se encuentran 4.990 personas con hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Entre los abriles 2016 y 2017 fallecieron 22 personas y más de 200 corren el peligro de perder la vida por no admitir Factores de Anti-Coagulación, de acuerdo con la Asociación Venezolana de Hemofilia (AVH).

En agosto de 2017, la Sociedad Venezolana de Nefrología anunció la profunda carencia de posibles de las unidades de diálisis, el cerrojo de programas de diálisis peritoneal y de procura de órganos a nivel franquista, y el peligro que enfrentan las personas trasplantadas por la escasez de medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo de órganos.

Las personas con problemas cardiovasculares, primera causa de mortalidad en Venezuela, además están falleciendo por no suceder suficientes marcapasos. En el Hospital Universal del Sur, uno de los más importantes del estado Zulia el personal médico denunció 10 fallecimientos de unas 60 personas que aún esperan por colocárselo marcapasos.

En el caso de las personas con anquilosamiento múltiple, parkinson y alzhaimer, o con otras condiciones degenerativas y psiquiátricas no se consiguen medicinas de ningún tipo desde por lo menos un año.

Como lo señaló la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa (Sovemepal), en un pronunciamiento: “Hoy en Venezuela ya no hay ninguna clase de medicamento analgésico, incluyendo opioides que puedan aliviar dolor moderado a severo, no hay forma de aliviar el sufrimiento de tantos pacientes que luchan por la vida o cercanos a la asesinato, no hay herramientas para ayudar, y como sociedad médica, como profesionales de la medicina, como proveedores de lozanía, tenemos el deber y la responsabilidad de hacer un llamado enérgico, un elevación de voz a esta moribundo situación” .

En junio de 2017, 123 ONG denunciaron graves fallas de disponibilidad de antirretrovirales que afectan al 80% de las 77.000 personas con VIH registradas en el Software de Suministro de Antirretrovirales del Software Doméstico de Sida del Profesión del Poder Popular para la Vigor.

Adicionalmente de la inexistencia de reactivos e insumos para la realización de pruebas de detección primaria del VIH y pruebas de monitoreo y control para el tratamiento de la infección. Incluso se registraba la desaparición absoluta de fármacos para tratar infecciones oportunistas  y de sucedáneos de caseína maternizada para impulsar a niñas y niños nacidos de mujeres con VIH que no pueden amamantar.

5.-Suspensión y desgobierno de los servicios de lozanía

El estado de desestructuración y precariedad del sistema de lozanía manifiesto ha causado el retiro de más de la fracción del personal capacitado, el cerrojo o desgobierno parcial o total de la mayoría de los ambulatorios y hospitales.

Los centros de lozanía públicos representan 90% de los entes prestadores y concentran 70% de las camas.

80% de estos centros en todos los sistemas existentes, niveles y estados del país, reportan graves condiciones de precariedad. En la mayoría de ellos existen reportes de 70% de escasez en insumos básicos y médico-quirúrgicos; 80% de desabastecimiento en medicinas; 60% de paralización de equipos de diagnosis y tratamiento, y fallas constantes de energía eléctrica y agua.

6.000 personas se encuentran en listas de aplazamiento por trasplantes: por trasplante de riñón existen 3.000 personas esperando según denunció la Asociación Venezolana para el Deporte y la Vigor de los Trasplantados y en Situación de Trasplante (Avedestras) a inicio del 2017.

La Estructura Doméstico de Trasplante de Venezuela (ONTV), entidad a la que se retiró bruscamente en el 2014 de la administración del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, a posteriori de suceder estado encargada de esta función desde el año 2001 por delegación del Profesión del Poder Popular para la Vigor (MPPS), emitió un comunicado manifiesto en junio de 2017 denunciando la paralización de la actividad de donación y trasplante en el país. En dicho comunicado la ONTV describió la situación de trasplantes de la futuro forma: gran menoscabo de la infraestructura de los hospitales sede de los Centros de Trasplante, deficiencias de todo tipo de medicamentos y tratamiento inmunosupresor, desabastecimiento de reactivos y moribundo endeudamiento de personal de lozanía especializado .

Oportuno a las reducidas coberturas de atención materno y las precarias condiciones de prestación de servicios materno-infantiles en la mayoría de los centros de lozanía públicos del país, la mortalidad materno-infantil aumentó de forma inquietante en el 2016, registrándose continuos reportes de fallecimientos en liga de neonatos en los hospitales hasta septiembre de 2017.

Los Boletines Epidemiológicos del año 2016, confirmaron que entre los abriles 2015 y 2016 la cantidad de muertes infantiles se incrementó en 30%, de los cuales 60% eran recién nacidos. Las muertes maternas aumentaron a su vez en 66%, al ocurrir de 456 a 756.

A partir de estas cifras, la Red Defendamos la Epidemiología calculó las tasas de 2016, determinando que las muertes maternas subieron a 140 por cada 100.000 nacidos vivos y las muertes infantiles a 19,6 por cada 1.000 nacidos vivos.

Epidemias combinadas en acelerado mejora

Entre los abriles 2015 y 2016 la Malaria pasó de 136.102 a 240.613 casos, asociada a las actividades de minería. Más del 70% de los casos de Malaria se concentró en el estado Bolívar, particularmente en el municipio Sifontes y 5 parroquias de su distrito.

Pero, durante los últimos abriles la Malaria se ha extendido en torno a otros 5 estados del país que juntos agrupan 99.7% de los casos. Aunque Sucre es el estado con la situación epidémica más preocupante al incrementarse en 552%, de acuerdo con los Boletines epidemiológicos: Hasta el mes de julio del año 2017, los boletines registraban un acumulado de 184.225 casos de Malaria, con aumento de 63,1% respecto al mismo mes en el año 2016 .

Desde abril de 2016, comenzaron a recibirse reportes sobre casos y fallecimientos por Difteria en los municipios Sifontes y Caroní del estado Bolívar, infección aguda mucho contagiosa que puede producir graves daños al corazón y al cerebro. Esta enfermedad había sido erradicada del país y de gran parte del mundo gracias a las altas coberturas de inmunización de niños y niñas.

Médicos de hospitales públicos del estado denunciaron la asesinato de 17 niños, cifras sobre las cuales se les había obligado retener silencio. Más casos de fallecidos fueron reportados por médicos, personal de botiquín y familiares, sin dar sus nombres por temor a represalias en la atención de los centros de lozanía . Varios fallecimientos por esta enfermedad continuaron reportándose en el año 2017 sin información oficial al respecto.

Negativa del Estado a admitir auxilio internacional en lozanía

Frente al longevo agravamiento de la situación y las miles de vidas en aventura, el gobierno persiste en la conducta de desmentir la emergencia humanitaria y rehusarse a permitir cualquier tipo de auxilio internacional, ofrecida por organismos especializados, organizaciones humanitarias y gobiernos.

Sin retención, el documentación de Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria en lozanía de octubre 2016 , para el cual se visitaron seis estados y la haber del país , destacó: “Hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de una crisis: No han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la auxilio humanitaria internacional que podría mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos”.

Amparándose en los decretos de emergencia económica y estados de excepción, el gobierno franquista desconoce la gravitación de la situación y ha bloqueado el camino a los mecanismos internacionales de auxilio, sin importar las terribles consecuencias para las personas.

En mayo de 2016, una Ley Específico para Atender la Crisis Doméstico en Vigor sancionada por la Asamblea Doméstico para acudir a la auxilio internacional fue anulada por el TSJ, a petición del Ejecutante, por usurpar competencias reservadas al Presidente en los decretos de emergencia económica y como única autoridad para conducir las relaciones internacionales, para resguardar la “seguridad de la nación” y los Plan Socialista de Crecimiento Crematístico y Social (Plan de la Pueblo).

Igualmente, el gobierno ignoró otros acuerdos de la Asamblea Doméstico sobre la moribundo crisis del sistema franquista manifiesto de lozanía y sus autoridades sanitarias se han inhábil a comparecer frente a el parlamento para informar sobre la situación de los centros sanitarios públicos y la mortalidad en el país. En el mes de julio, Cáritas de Venezuela intentó realizar todos los trámites aduanales y tributarios para admitir un cargamento de 525 cajas de medicinas y 92 de suplementos alimenticios procedentes de Pimiento que llegaron a puerto venezolano en agosto de 2016.

Pero, no se autorizó a Caritás retirarlos, reasignando los cargamentos a instituciones sanitarias públicas.

En el contexto internacional, el gobierno ha inhábil en varias oportunidades la existencia de una crisis humanitaria en lozanía, rehusando aparecer a los mecanismos de auxilio y cooperación y calificando su ofrecimiento como actos “injerencistas”. Durante las audiencias de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016, el Estado “reconoció la existencia de un problema de disponibilidad de medicamentos, pero indicó que ello no implicaba una crisis humanitaria” . Durante audiencia de la CIDH celebrada en Pimiento en junio de ese año, sobre la escasez de medicinas en Venezuela en audiencia solicitada por 9 organizaciones venezolanas dedicadas a la defensa del derecho a la lozanía , la Ministra de Vigor, Luisana Melo, afirmó que el gobierno garantizaba tratamientos a todos los venezolanos y que la escasez era sólo “puntual” .

El Secretario Universal de la OEA, Luis Almagro, con fundamento en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana presentó documentación publicado en mayo de 2016 frente a una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA realizada el 23.06.16 , en la que advirtió sobre la moribundo crisis humanitaria en lozanía y víveres.

Pese a las continuas negativas, distintos organismos internacionales han realizado llamados al Estado venezolano para cumplir con su obligación de respaldar los mínimos de atención a la lozanía en el contexto de una crisis humanitaria.

En febrero del año 2016, el Estado recibió la tercera comunicación del Relator para el derecho al  disfrute del más parada nivel de lozanía física y mental de las Naciones Unidas (ONU), Dainius Puras, en la que se exhortó a las autoridades cumplir los estándares básicos e inmediatos de un sistema de lozanía eficaz, frente a la intensificación de la mortalidad materna, cardiovascular y por cáncer, el debilidad de la prevención y de la atención prenatal, y una longevo incidencia de malaria, dengue, chikungunya y zika.

Recordó al gobierno su obligación de suministrar los medicamentos esenciales a todas las personas, sin discriminación alguna, asegurando una disponibilidad suficiente y accesible en todas las instalaciones de lozanía pública y la billete de la población en los planes previstos.

En octubre de 2016, PARLASUR (organismo parlamentario de MERCOSUR) aprobó resolución para el remisión de medicinas a Venezuela pese a los votos en contra de los diputados oficialistas integrantes de este organismo.

En igual dirección, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó en octubre  de 2016 a la Unión Europea ocurrir a la argumento para resolver la crisis humanitaria de Venezuela y ayudar a los presos políticos europeos, denunciando la negativa del gobierno a “escudriñar una crisis humanitaria que impide la aparición de ayuda desde el foráneo” .

Sin retención, ningún de estos llamados y exhortaciones han surtido impacto hasta ahora, dejando a la población venezolana en el más invariable desamparo y una condena a sufrir los estragos de la enfermedad, el trauma y la posibilidad de perder la vida en cualquier momento.