Sólo 16 condenas en 505 investigaciones contra militares: WOLA

De las denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por instrumentos del Ejército Méxicano, en sólo 3.2 por ciento se han conseguido sentencias condenatorias, lo que demuestra que la Procuraduría Universal de la República (PGR) “no tiene voluntad” para sancionar estas conductas, lo cual provoca que queden en la impunidad.

Ximena Suárez-Enríquez, coordinadora del Software de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamerricanos (WOLA), dio a Aristegui Noticiario, detalles del mensaje “Rectitud olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos por soldados en México”.

“Entre 2012, que fue cuando iniciaron las primeras investigaciones civiles de soldados, y 2016, encontramos 505 casos, la mayoría son por violaciones a derechos humanos, de las que destacan casos de tortura y desapariciones forzadas. Hay otros casos todavía importantes relacionados con violencia sexual y en la mayoría de esos casos lo que encontramos es que aunque hay investigaciones abiertas, las investigaciones de la PGR no avanzan y, en consecuencia, los soldados que cometieron estos delitos no son sancionados.

“Las cifras no nos permiten hacer conclusiones definitivas pero encontramos que de esos 505 casos, al menos en 16 hay sentencias condenatorias, no sabemos cuál es el status del resto de las investigaciones”, precisó.

Respecto al comunicado conjunto que emitieron las secretarías de Gobierno y de Relaciones Exteriores, así como la PGR, en respuesta a ese mensaje, aclaró que más que pronunciamientos, lo que se requiere son acciones.

Suárez-Enríquez detalló dos que el Estado Mexicano debe implementar de guisa inmediata: retirar la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior y certificar que la Fiscalía Universal de la República que sustituirá a la PGR sea una instanciaa verdaderamente autónoma del Poder Ejecutor.

“Ahora es momento de demostrar con acciones y no solo con palabras el compromiso con los derechos humanos y resaltaría dos aspectos muy concretos: la Ley de Seguridad Interior que está actualmente en discusión en el Congreso, es un trascendental peligro y perpetuaría casos como los que documentamos en el mensaje. Entonces, un primer paso sería que el gobierno se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior. Y un segundo tema es comprometerse a crear una Fiscalía Universal autónoma, con un fiscal autónomo que sea capaz de resistir la
presión política e investigar a soldados mexicanos“.

La representante de la estructura no público WOLA, apuntó que es un error que el gobierno mexicano niegue estos casos de violaciones a las garantías individuales por instrumentos de las Fuerzas Armadas.

“Yo creo que hay una ausencia de muchos de los casos que pasan en la verdad. Y creo que desmentir la situación coetáneo no va a ayudar ni al gobierno, ni a los soldados. Nosotros concluimos en el mensaje que seguir negando y rechazando lo que la sociedad civil está enfrentando en la verdad, sólo expone a los soldados a más desprestigio“.

Ximena Suárez-Enríquez destacó que en el mensaje se destacan varios casos. Uno de ellos es el de Ojinaga, Chihuahua:

“El caso que documentamos en Ojinaga es un caso de violaciones a derechos humanos por soldados en 2009, donde estaban desplegados como parte del Activo Chihuahua y según lo que pudimos ver en el expediente y en la lectura pública de la sentencia, los soldados estaban patrullando calles y detuvieron a un civil que les parecía sospechoso, lo detuvieron y llevaron a instalaciones militares y, seguidamente, de acuerdo con el testificación de los propios soldados, lo torturaron y murió a causa de la tortura.

“Uno de los testimonios que vienen en el mensaje, en el apartado de la prisión de mando, señala cómo uno de los soldados recibió la orden de conseguir gasolina para una camioneta del Ejército para poder sacar el cuerpo de este civil y quemarlo y dispersar sus cenizas en algún poblado“.

Concluyó que casos como los de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Palmarito demuestran en los hechos las graves violaciones a los derechos humanos protagonizadas por soldados, que deben ser erradicadas.