Suprema Corte blinda a funcionarios; prohíbe que se conozca su 3de3

La Suprema Corte de Equidad de la Nación (SCJN) validó los artículos de la norma del Sistema Franquista Anticorrupción que disponen, primero, que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos serán públicas.

Ello, indemne en aquellos rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales, los que quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes.

Los ministros de la Suprema Corte asimismo declararon constitucional que el Comité Coordinador del Sistema Franquista Anticorrupción sea el que emita las normas, formatos impresos, por otra parte de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones, así como los manuales e instructivos correspondientes.

En su momento, diputados federales promovieron una argumento de inconstitucionalidad contra los Artículos 29 y 34 de la Ley Normal de Responsabilidades Administrativas, así como el sexto párrafo del Artículo 3 Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Normal del Sistema Franquista Anticorrupción.

Al respecto, los diputados argumentaron que la norma impugnada atentaba contra el principio de publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos, introducido en la reforma constitucional en materia anticorrupción.

El Pleno de la Suprema Corte de Equidad de la Nación consideró que si la finalidad de la reforma constitucional es evitar la corrupción, resulta necesario que se haga pública más información que la relacionada con un particular.

Lo previo, para que exista un recuento divulgado de los servidores y se generen los incentivos adecuados para evitar las conductas irregulares, tanto administrativas como penales.

Sin requisa, no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria para la finalidad del nuevo Sistema Anticorrupción, ya que hay alguna que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna descargo o prueba de interés divulgado puede pasar un aventura de este tipo.

Los ministros de la Suprema Corte establecieron que la salvaguarda en sí misma no resulta inconstitucional, ya que, primero, si acertadamente la expectativa de privacidad de un servidor divulgado disminuye, no desaparece.

Segundo, si acertadamente el interés divulgado hace que la condición de recuento sea viejo, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para obtener las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro su vida o integridad.

Así, toda la información patrimonial y de intereses que no afecte la vida o integridad del servidor o no sea circunstancia personal que la identifique directamente o la haga identificable y no sea necesario para el seguimiento de su incremento o modificación patrimonial, debe ser publicitada.